Año 7 - Nº 2
Octubre 2011

Editor Resp.: Raúl A. Galíndez
Diseño: Charly Manildo
Corrientes 763 P.3
2000 - Rosario 
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DOCTRINA

LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR Y LOS TÍTULOS VALORES

Por Marcelo Vedrovnik (*)

El 29 de junio de 2011, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en los autos caratulados “Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Autoconvocatoria a Plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se encuentren involucrados derechos de consumidores”, ha dictado una resolución judicial que entendemos es de sumo interés no sólo para los consumidores, sino también en el ámbito de aplicación de los títulos valores.-

En efecto, todos sabemos la importancia práctica y significación jurídica que en el marco de las negociaciones comerciales ostentan los denominados títulos valores o de crédito.-

El Maestro Vivante, los definió oportunamente como “el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en él contenido”; y si bien sabemos que primordialmente los utilizan los comerciantes, cierto es que en las transacciones comerciales que a diario se llevan a cabo, en más de una oportunidad, son empleados aún por quienes no tienen el carácter de comerciantes.-

No es el objetivo del presente remontarnos a sus orígenes, pero recordemos que estos títulos aparecieron en la edad moderna, como consecuencia de los viajes de ultramar en Europa, para evitar el traslado de moneda de un lugar a otro.-

Así nació, entre otros, la Letra de Cambio cuyo uso en la actualidad está limitado a las operaciones de comercio internacional, el Pagaré y el cheque, hoy en nuestro país, en sus dos variantes de Cheque Común y de Pago Diferido.-

Si pretendiéramos señalar cuáles son los principales caracteres comunes a todos estos títulos deberíamos principiar por señalar entre ellos a: (i) la literalidad, (ii) la autonomía y (iii) la necesidad, coincidentes con los elementos estructurales de la definición dada ya hace mucho tiempo por Vivante.-

Luego, se podrán agregar otros caracteres que no son comunes a todos, sino a algunos de los títulos valores verbigracia, la abstracción, la completividad, la formalidad, etc.-

Ahora bien, y para ir adentrándonos en el tema que nos convoca, sabido es que entre los mencionados, el principio de literalidad es de aplicación y vigencia irrestricta a los papeles de comercio.-

A través de dicho principio, se intenta otorgar una doble garantía, tanto al acreedor (que no podrá exigir más ni ser desinteresado con menos ni en distinto modo que lo señalado en el título) como al deudor, que sabe de antemano que no se le podrá exigir una prestación dineraria distinta o en modo más riguroso, que la señalada en el título.-

Frecuentemente para explicitar la vigencia de este principio, decimos que el mismo se rige “por su tenor escriturario” y también en su posición extrema del título completo (v. gr. el Pagaré) afirmando que “lo que no está en el título, no es de este mundo”.-

La abstracción, es otro de los principios aplicables a los títulos de crédito como el Pagaré, la Letra y el cheque, consiste en la desvinculación de éstos de las cuestiones causales y como consecuencia de ello, la imposibilidad de discutir aspectos vinculados a la causa de su creación en el marco de la ejecución judicial de los mismos.-

Más allá de la temática procesal, donde como consecuencia del denominado rigor cambiario procesal sabemos que las cuestiones vinculadas con el cobro de estos títulos se ventilan a través de juicios ejecutivos, es decir de acotado margen cognoscitivo, con limitación de defensas, etc., por aplicación de los principios ya mencionados, sabemos que en estos casos, la discusión se limita a lo que se encuentra atestado en el título, sin mayores alternativas de remitirnos a cuestiones que no constan en él, por ejemplo, las causales.-

Ahora bien, también sabemos que existe desde ya hace años una legislación específica destinada a proteger los derechos de los consumidores; debiendo resaltar que la misma no sólo se encuentra plasmada en las disposiciones de la ley 24.240 hasta llegar a su última reforma en el año 2008 con el dictado de la ley 26.361, sino prioritariamente en las disposiciones de nuestra Carta Magna, a partir de la reforma del año 1994.-

Tampoco es el objetivo central de este aporte referirnos en profundidad al contenido de esta ley, pero sí señalemos que la misma está destinada a dar protección jurídica al consumidor, usuario y otros terceros expuestos a la relación de consumo, atento las particularidades de la misma.-

Ahora bien: El fallo Plenario al que hacíamos referencia al comienzo, resuelve una cuestión, que se presenta con suma frecuencia y que podría evidenciar una tensión entre los dos regímenes, el cambiario y el de protección a los consumidores.-

Tal vez un ejemplo vinculado con la materia resuelta por el pronunciamiento judicial, termine aclarando la cuestión: ¿Qué ocurrirá si existe una contradicción entre un principio aplicable a los títulos valores y las normas que protegen los derechos del consumidor, en virtud de la cual se terminen vulnerando las garantías de este último?

Verbigracia, cómo solucionaremos una cuestión judicial en donde el consumidor presenta avasallados sus derechos como consecuencia de la aplicación lisa y llana de las normas del derecho cambiario.-

Así, supongamos el caso de un adquirente de un electrodoméstico en cuotas, quien a tales efectos ha suscripto veinticuatro Pagarés coincidentes con el monto y vencimiento de cada una de las mensualidades asumidas, y en el cual se fija como domicilio de pago de los mismos, el correspondiente a la Casa Central de la empresa vendedora que en absoluto coincide con el del consumidor-adquirente.-

O tal vez el del tomador de un préstamo en un banco, quien a tales efectos suscribe un Pagaré que tiene domicilio de pago en la sede del Banco, que no coincide con el domicilio real del librador – consumidor del servicio financiero. En concreto: ¿Qué norma tendrá preeminencia, la derivada del derecho cambiario, basada en la literalidad y abstracción del título, o la que protege los derechos del consumidor y se encuentra plasmada en el artículo 36 de dicha normativa especial, reformada en el año 2008?

Desde ya que si los pagos se efectúan en tiempo y forma; si ninguna cuestión controvertida entre las partes surgiera, el análisis que estamos proponiendo no tendría mayor sentido.-

Ahora bien; si llegado el caso los Pagarés en cuestión debieran ser ejecutados por el acreedor, no es lo mismo que dicha ejecución judicial tramite por ejemplo en Buenos Aires, que en Misiones que es el lugar donde se domicilia el adquirente - deudor demandado.-

En efecto, el artículo 102 del Decreto ley 5965/63 establece que “ A falta de indicación especial, el lugar de creación del título se considera lugar de pago y, también, domicilio del suscriptor”.-

Ello significa que en estos casos la competencia judicial se rige por el domicilio de pago atestado en el Pagaré; y que como suele ocurrir en estos supuestos, no es efectivamente el domicilio real del librador (consumidor) sino el domicilio del acreedor, que incluso en la mayoría de las ocasiones viene impreso en el título.-

Si bien en la mayoría de los casos esta cuestión no fue objeto de profundos análisis ni cuestionamientos, la situación varía fundamentalmente cuando el librador del título valor es un consumidor.-

Ello por cuanto en el marco de la protección que otorga la ley de defensa del consumidor, no parece cumplir su objetivo si dicho sujeto se encuentra expuesto a este tipo de abusos, al tener que resistir una ejecución judicial en un lugar distinto al de su domicilio real, por lo general la sede de su acreedor, con todas las consecuencias disvaliosas que ello implica.-

Ello es precisamente lo que el Fallo plenario que nos ocupa, vino a resolver.-

Liminarmente, debemos recordar que el artículo 15 de la Ley 26361 modificó el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, que quedó redactado en su parte pertinente, del siguiente modo: “Será competente para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal correspondiente al domicilio real del deudor …”

De modo que podemos concluir que en caso de conflicto entre lo dispuesto por el ya mencionado artículo 102 del Decreto 5965/63 (regulatorio de la Letra de Cambio y el Pagaré) y lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, será este cuerpo normativo el que tenga aplicación prioritaria, reiteramos, cuando el deudor sea un consumidor en el marco de una relación de consumo.-

Ello significa que sin perjuicio del lugar que esté inserto en el título como lugar de pago (reiteramos, las más de las veces no el domicilio del deudor, sino el de su acreedor) la ejecución judicial derivada de este tipo de títulos –regidos por los principios de literalidad, autonomía y necesidad- tramitará por ante el Juzgado correspondiente al domicilio real del consumidor.-

Como evidenciará el lector, ello significa dejar de lado la aplicación irrestricta del principio de literalidad y abstracción al que nos referimos al iniciar el presente.-

No obstante, y sin que ello signifique apartarnos de los caracteres de los títulos valores en forma definitiva, entendemos que en caso de los consumidores demandados, ello tiene suficiente justificación y se ajusta a los postulados de la ley especial.-

En efecto, entendemos que si bien los títulos valores son vehículos más que eficientes para la circulación de un modo rápido, seguro y eficaz de los derechos creditorios, también es cierto y no menos importante, que cuando el crédito fuera instrumentado en estos títulos, y el deudor sea un consumidor, debe protegérselo garantizando que la ejecución judicial de estos títulos por la vía que la ley prevé (juicio ejecutivo) tramitará en el Juzgado correspondiente a su domicilio real, para de ese modo, permitir una eficaz y legítima defensa de los intereses del deudor.-

A modo de conclusión, señalamos que los acreedores deberán tener presente lo resuelto por la justicia capitalina y saber de antemano, que cuando las obligaciones sean asumidas por consumidores en títulos valores literales y abstractos, la ejecución judicial de dichos instrumentos, sin perjuicio del domicilio consignado en los mismos, tramitará por ante el Juzgado del domicilio real del consumidor demandado, y no del que figure literalmente expresado el cartular.-


(*) mvedrovnik@baravalle-granados.com.ar


Nuestro Próximo Columnista será el Dr. Andrés Sánchez Herrero.


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